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Una Larga Generacion de “Intocables”; lo Magico del Mundo de la Politica

abril 25, 2010

Recaen sobre ellos acusaciones – documentadas, sino juzgadas- por narcotráfico, enriquecimiento ilícito, asesinatos de rivales por venganzas personales y de poder, fraudes, maltrato a mujeres y periodistas, corrupción… ¿son prófugos de la justicia?

 Al contrario. Figuras públicas: gobernadores estatales que conservan aún prácticas que le fueron poco a poco fueron arrebatadas al presidente de la república cuando se abrió la alternancia política tras 72 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

 Eso no es TODO, lo que revela el magnifico trabajo de Gardenia Mendoza Aguilar. NADA de lo que relata es ficción. Y es que a veces la realidad supera el mas fantasioso cuento  infantil. Se tratara lo siguiente de un cuento?. Juzguelo Usted. Y continua asi…

 “El viejo diseño institucional donde no hay balance de poder y toda la vida pública se subordina al Ejecutivo sigue en los estados, donde los gobernadores son los señores feudales del siglo XXI”, señala Irma Eréndira Salazar , directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia en la Universidad Nacional Autónoma de México.

 “Actúan como dueños del dinero y hasta la vida de muchas personas; sin un mínimo de transparencia y un máximo de discrecionalidad“, agrega.

 Esta investigadora que durante años promueve el escrutinio público de figuras jurídicas como los fideicomisos – a los que considera la “caja chica” de gobernadores- afirma que una gran parte los dineros públicos en esos territorios van a dar a cuentas personales a través de diversos trucos.

  “Hay una opacidad reinante en los estados que permite ocultar dinero desde las compras o licitaciones; sueldos y salarios, viajes y hasta en las declaraciones patrimoniales”, dice.

 Corresponsal de La Opinion de Los Angeles en la Ciudad de Mexico, Gardenia tiene otros entrevistados.

 El comunicador y analista Álvaro Cepeda, señala en su libro El Expediente Bours, publicado en 2009 -el último año de Eduardo Bours al frente del gobierno del norteño Sonora que éste se adjudicó sin licitaciones y con información privilegiada mil hectáreas a lo largo del corredor turístico Guaymas-Puerto Peñasco.

 “Él y un grupo de empresarios, encabezados por Ricardo Bours, su hermano, se aprovecharon del cargo para hacerse de tierras en uno de los sitios más atractivos del país”, dijo.

 Mauricio Montoya, presidente el PRI en el occidental estado de Michoacán y férreo opositor del gobernador Leonel Godoy, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), detalla otras vías de los ejecutivos estatales para “favorecerse” del poder.

 En Michoacán el gobernador controla el congreso con la mayoría de diputados de su mismo partido. De este modo, dan mayores fondos a las dependencias desde las cuales pueden manipular los recursos como las secretarías de Desarrollo y Vivienda, Comunicaciones y Transportes, Agricultura y Obras.

 Montoya revela que el año pasado descubrieron a gente del partido oficial regalando cemento en los municipios donde tenían menos votantes, aunque bien pudieron desviarlo a cualquier parte, incluso para uso personal.

 “¿Quién sabe? Aunque hay una ley de transparencia, ésta nunca se cumple porque está bloqueada a la información confidencial y el criterio de la confidencialidad la decide el Ejecutivo”, destaca.

 Reclamos similares se presentan en temas aún más escabrosos como el asesinato de críticos al sistema, desde activistas sociales hasta periodistas: los expedientes se guardan, manipulan e inventan hasta que las investigaciones favorecen a los gobernantes.

 La organización internacional Reporteros Sin Fronteras, denunció en su último informe que los gobiernos locales se valen de métodos de investigación expeditivos y sin control que dejan vulnerables a los informadores de provincia: ninguno de los 59 periodistas asesinados en México desde el 2000 ha sido de medios nacionales.

 Recuerda Gardenia uno de los casos mas sonados en este sentido. Da como ejemplo la muerte de Amado Ramírez, corresponsal del canal Televisa en Acapulco, asesinado el 6 de abril de 2007. “Nadie cree en serio que se ha hecho justicia, a pesar de la condena por este crimen”, cita.

 “Amado estaba al corriente de ciertas conexiones entre policías ministeriales del estado de Guerrero con el cartel del Pacífico – que se había instalado en la región a mando del hoy extinto Arturo Beltrán Leyva“, declaró Hipólito Lugo Cortés, de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Guerrero.

 El hecho de que los carteles de la droga hayan podido operar con impunidad durante décadas en casi todo el territorio apunta a un consentimiento o mera desidia por parte de los gobiernos estatales.

  Entre los que han estado señalados se encuentran el hoy presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, a quien nunca se le comprobo nada; el ex gobernador de Sinaloa, ex candidato presidencial y actual congresista, Francisco Labastida Ochoa; el ex gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal; el actual mandatario guerrerense, Zeferino Torreblanca, entre otros.

 Sólo uno llevado a juicio: Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, condenado a 36 años de prisión tras un largo proceso.

 Otro escándalo que exhibió la impunidad con la cual se conducen los gobernadores, lo protagonizó el mandatario poblano , Mario Marín, quien fue grabado en una conversación telefónica con el empresario de la mezclilla, Camel Nacif. Con un leguaje soez y misógino, éste le agradecía haber arrestado a la periodista Lidia Cacho luego de que ésta lo involucrara en actos de pederastia en el balneario de Cancún.

 Pero el asunto no pasó de un escándalo mediático. Marín dijo que no era su voz, siguió gobernando Puebla, respaldado por su partido (PRI), aún se exhibe entre las principales figuras políticas del país y se toma fotografías a lado del presidente Felipe Calderón.

 “Es difícil enfrentarse a los gobernadores para regular sus cotos de poder porque son un grupo político que en realidad gobierna en todo el país y pueden desestabilizarlo…por eso nadie se ha metido con ellos”, comentó Alejandro González, director de Gestoría Social y Cooperación, un organismo civil en pro de la rendición de cuentas públicas.

 “No creo que por ahora haya condiciones para el Congreso o el Ejecutivo Federal quieran meterse con ese paquete”, dijo.

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Categorías:Opinión
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